Parte II

Ahora bien, a pesar de la existencia de esta estructura social, en la cual debieran descansar los intereses de los ciudadanos, cabe preguntarse: ¿Cuál es la cultura que debe ser enseñada y aprendida por nuestra sociedad? ¿Quiénes deciden qué es Lo cultural? ¿Es, mí cultura, mejor que la tuya?

Estas son sólo algunas de las preguntas que, para muchos, han ido frenando y disipando el real significado y protección de la identidad cultural de los pueblos.

¿Por qué, en Chile, no se enseña nada (o muy poco) sobre la cultura aborigen?

Es cierto que Chile, como Estado-nación, ha resultado de la mezcla de los pueblos originarios y las distintas culturas “dominantes” de países colonizadores (en primera instancia España, luego colonos Alemanes, Árabes, Senitas, Yugoslavos, Croatas e Italianos), los cuales -todos juntos- han ido conformando la idiosincrasia chilena actual. Muchos podrían entonces postular que, en Chile, como país formado multiculturalmente, debiésemos saber de cada una de las culturas que formaron nuestro país. Tal vez es cierto. El punto está en respetar la diversidad cultural que fue base para lo que somos hoy, y en eso también caben los pueblos indígenas.

Ahora bien, si aterrizamos el tema al mundo actual, globalizado e inserto en la dinámica del mercado, debemos reconocer que la cultura se ha transformado en un bien de consumo más, con las características de bienes y servicios culturales, como portadores de identidad, valores y significado.[1]

¡Cómo es posible que la cultura haya sido transformada en uno de tantos elementos económicos, valorizado en monedas, cotizado en dólares!

El mundo moderno y su mecánica organizacional ha traspasado la labor de enseñanza a instituciones[2], dejando de lado el valor de la experiencia y los aprendizajes familiares, dando paso a la educación escolar o universitaria, estructurada y planificada en base a lo que “se debe estudiar y aprender” [3], todo esto manejado por una elite que exige billetes, a cambio de culturización.

Y es aquí cuando debemos ver las posibilidades que se nos presentan en el momento actual, sin añorar lo que fue, sino que utilizando las herramientas modernas para volver a potenciar nuestra cultura, integrándola al ritmo acelerado de nuestra sociedad de consumo, sin que en esto interfieran fines de lucro.

Es posible entonces, exigir que el Estado, como aparato político encargado de velar por el bienestar de la sociedad, asuma políticas culturales a favor de la desmercantilización, la protección, el respeto y la diversificación de la cultura.

No debemos conformarnos con que, en las clases de Historia, los (as) estudiantes aprendan más sobre los caprichos europeos a lo largo de los siglos, o sobre los políticos locos de la primera mitad del siglo XIX, que de nuestra historia -no sólo chilena- sino que Latinoamericana, como base de lo que somos en la actualidad.

El Estado no debiera permitir que el valor comercial de los libros presuponga la culturización de una “elite social”, los mismos que luego lucran con la cultura y toman decisiones sin siquiera pensar en el mundo popular, tanto o más rico culturalmente, que cualquier familia de mayores recursos.

No es posible, por ejemplo, que en Chile existan gigantes multinacionales que concentren la mayor parte de los medios de comunicación –quienes son parte importante de la construcción de realidad de un país, y por ende, portadores y difusores de cultura- como está sucediendo hoy con la venta de todas las radios de Ibero American Radio Chile, al enorme Grupo Prisa[4].

Es una vergüenza que, cerca de 12 radios chilenas, estén en manos de un conglomerado extranjero que no considera las necesidades culturales del país, y que sólo busca aumentar sus ganancias.

Y para qué hablar de la radiodifusión comunitaria. Hace algunos meses se envió al Senado un proyecto de ley que busca ampliar la libertad de expresión de manera que, en los espacios comunitarios y locales, los ciudadanos ejerzan la libertad de emitir opinión y la de informar por medio de la radiodifusión, además de crear identidad cultural local y regional[5]. Sin embargo, el proyecto de ley está en la Cámara de Diputados como un proyecto sin urgencia, es decir que –en el fondo- a los diputados poco les importa legislar sobre el tema, pues deben velar por cuestiones mucho más “importantes” para nuestro país, como los asuntos de Hacienda y Economía, siempre primeros en la agenda.