Parte III

¿Quién vela por los intereses de una ciudadanía que necesita ser escuchada? ¿Quiénes deciden qué es lo realmente importante para nosotros, como sociedad civil?

Y cuando se trata de elegir, de tener un criterio para decidir qué “carga cultural” se debe entregar -al menos lo básico para mantener un nivel aceptable- en un mundo multicultural y abierto a la transculturación (cuyos estragos podemos ver en países tan distintos al nuestro como Japón, el cual está perdiendo a pasos agigantados su identidad cultural, al “venderse” al capitalismo), surgen dudas en torno a qué tipo de políticas culturales deben ser integradas por el Estado, ya sea de tipo netamente económicas, como bajar impuestos y proporcionar accesibilidad, o un cambio en torno a la diversidad de opciones culturales. Lo ideal, sería ambas.

El estar abierto a la adopción de costumbres y culturas extranjeras debe considerar los riesgos de la transculturación: aunque en Chile está de moda el sushi, la empanada no pierde su popularidad. Se trata de sumar, y no reemplazar.

Sin embargo, existe un tema paralelo, directamente vinculado con el rol de la sociedad civil, que tiene que ver con la “flojera cultural” en nuestro país. Es decir, cuánta prioridad le da la gente, a la necesidad de culturizarse. Si bien, el nivel de “ganas” tiene mucho que ver con el nivel socio-económico de las personas, existe una profunda insensibilidad e indiferencia en torno al consumo cultural.

Hoy, la búsqueda y entrega de enriquecimiento cultural se concentra en medios pasivos como la televisión y el cine. Es más cómodo sentarse en una butaca de cine, o en el sofá frente al televisor, que tomar un libro o salir en búsqueda de alternativas culturales, muchas de las cuales se ofrecen gratis o a bajos precios, patrocinadas por municipalidades y universidades, que tienen una muy baja convocatoria, pues no se invierte lo debido en su difusión.

En consecuencia, el rol del Estado y sus políticas culturales debiera propiciar e incentivar la participación de los ciudadanos en instancias culturales, para lograr aumentar el número de población “culturalmente activa” [1], los cuales puedan hacer una fuerza social capaz de exigir y –por qué no- de crear elementos culturales.

La creación cultural y el ocio, visto como el espacio vital no-útil o de no-producción (y de sí-producción cultural, personal, individual), en el cual cualquiera puede disfrutar de la culturización, debería ser propiciado por el Estado, las empresas y los sistemas laborales. Esto también puede considerarse una política cultural, asociada a las leyes laborales, las cuales sólo piensan en la productividad asociada al resultado final, sin pensar en las consecuencias positivas que traería un mayor nivel de satisfacción cultural en sus empleados. Un trabajador satisfecho culturalmente podría ser, en potencia, un hombre mucho más productivo.