Parte IV (final)

La cultura en tiempos modernos (o post-modernos) implica, tanto la capacidad individual de ser receptores activos, como el trabajo a nivel organizacional -de instituciones y del Estado- en la formación de políticas culturales que favorezcan la amplia participación y desarrollo cultural, la diversidad expresiva y –en términos económicos- una mayor accesibilidad a la producción cultural.

No es posible pensar en cambiar la dinámica reinante en nuestros tiempos. Sí podemos exigir que se proteja y respete el mundo cultural, tal como se señala en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la UNESCO en octubre de 2005, promoviendo las diversidad de expresiones y fortaleciendo la cooperación y solidaridad internacionales, legitimando estas políticas -cada vez más comprometidas por los tratados de comercio entre las naciones[1]- cuidando a los países pequeños de la transculturación, lo cual traería consigo la pérdida de culturas valiosas para la humanidad.

No sólo es legítimo que el Estado tenga políticas culturales. También es necesario.

La invitación, es establecer políticas culturales que den a entender al individuo la importancia que tiene en la revalorización y desarrollo de la propia cultura, valiéndose del impulso y orientación de organizaciones sociales y políticas, para redescubrir las necesidades culturales de un país desorientado, y a veces indefenso, ante el poder desmedido de la globalización y el libre mercado.

Parte III

¿Quién vela por los intereses de una ciudadanía que necesita ser escuchada? ¿Quiénes deciden qué es lo realmente importante para nosotros, como sociedad civil?

Y cuando se trata de elegir, de tener un criterio para decidir qué “carga cultural” se debe entregar -al menos lo básico para mantener un nivel aceptable- en un mundo multicultural y abierto a la transculturación (cuyos estragos podemos ver en países tan distintos al nuestro como Japón, el cual está perdiendo a pasos agigantados su identidad cultural, al “venderse” al capitalismo), surgen dudas en torno a qué tipo de políticas culturales deben ser integradas por el Estado, ya sea de tipo netamente económicas, como bajar impuestos y proporcionar accesibilidad, o un cambio en torno a la diversidad de opciones culturales. Lo ideal, sería ambas.

El estar abierto a la adopción de costumbres y culturas extranjeras debe considerar los riesgos de la transculturación: aunque en Chile está de moda el sushi, la empanada no pierde su popularidad. Se trata de sumar, y no reemplazar.

Sin embargo, existe un tema paralelo, directamente vinculado con el rol de la sociedad civil, que tiene que ver con la “flojera cultural” en nuestro país. Es decir, cuánta prioridad le da la gente, a la necesidad de culturizarse. Si bien, el nivel de “ganas” tiene mucho que ver con el nivel socio-económico de las personas, existe una profunda insensibilidad e indiferencia en torno al consumo cultural.

Hoy, la búsqueda y entrega de enriquecimiento cultural se concentra en medios pasivos como la televisión y el cine. Es más cómodo sentarse en una butaca de cine, o en el sofá frente al televisor, que tomar un libro o salir en búsqueda de alternativas culturales, muchas de las cuales se ofrecen gratis o a bajos precios, patrocinadas por municipalidades y universidades, que tienen una muy baja convocatoria, pues no se invierte lo debido en su difusión.

En consecuencia, el rol del Estado y sus políticas culturales debiera propiciar e incentivar la participación de los ciudadanos en instancias culturales, para lograr aumentar el número de población “culturalmente activa” [1], los cuales puedan hacer una fuerza social capaz de exigir y –por qué no- de crear elementos culturales.

La creación cultural y el ocio, visto como el espacio vital no-útil o de no-producción (y de sí-producción cultural, personal, individual), en el cual cualquiera puede disfrutar de la culturización, debería ser propiciado por el Estado, las empresas y los sistemas laborales. Esto también puede considerarse una política cultural, asociada a las leyes laborales, las cuales sólo piensan en la productividad asociada al resultado final, sin pensar en las consecuencias positivas que traería un mayor nivel de satisfacción cultural en sus empleados. Un trabajador satisfecho culturalmente podría ser, en potencia, un hombre mucho más productivo.

Parte II

Ahora bien, a pesar de la existencia de esta estructura social, en la cual debieran descansar los intereses de los ciudadanos, cabe preguntarse: ¿Cuál es la cultura que debe ser enseñada y aprendida por nuestra sociedad? ¿Quiénes deciden qué es Lo cultural? ¿Es, mí cultura, mejor que la tuya?

Estas son sólo algunas de las preguntas que, para muchos, han ido frenando y disipando el real significado y protección de la identidad cultural de los pueblos.

¿Por qué, en Chile, no se enseña nada (o muy poco) sobre la cultura aborigen?

Es cierto que Chile, como Estado-nación, ha resultado de la mezcla de los pueblos originarios y las distintas culturas “dominantes” de países colonizadores (en primera instancia España, luego colonos Alemanes, Árabes, Senitas, Yugoslavos, Croatas e Italianos), los cuales -todos juntos- han ido conformando la idiosincrasia chilena actual. Muchos podrían entonces postular que, en Chile, como país formado multiculturalmente, debiésemos saber de cada una de las culturas que formaron nuestro país. Tal vez es cierto. El punto está en respetar la diversidad cultural que fue base para lo que somos hoy, y en eso también caben los pueblos indígenas.

Ahora bien, si aterrizamos el tema al mundo actual, globalizado e inserto en la dinámica del mercado, debemos reconocer que la cultura se ha transformado en un bien de consumo más, con las características de bienes y servicios culturales, como portadores de identidad, valores y significado.[1]

¡Cómo es posible que la cultura haya sido transformada en uno de tantos elementos económicos, valorizado en monedas, cotizado en dólares!

El mundo moderno y su mecánica organizacional ha traspasado la labor de enseñanza a instituciones[2], dejando de lado el valor de la experiencia y los aprendizajes familiares, dando paso a la educación escolar o universitaria, estructurada y planificada en base a lo que “se debe estudiar y aprender” [3], todo esto manejado por una elite que exige billetes, a cambio de culturización.

Y es aquí cuando debemos ver las posibilidades que se nos presentan en el momento actual, sin añorar lo que fue, sino que utilizando las herramientas modernas para volver a potenciar nuestra cultura, integrándola al ritmo acelerado de nuestra sociedad de consumo, sin que en esto interfieran fines de lucro.

Es posible entonces, exigir que el Estado, como aparato político encargado de velar por el bienestar de la sociedad, asuma políticas culturales a favor de la desmercantilización, la protección, el respeto y la diversificación de la cultura.

No debemos conformarnos con que, en las clases de Historia, los (as) estudiantes aprendan más sobre los caprichos europeos a lo largo de los siglos, o sobre los políticos locos de la primera mitad del siglo XIX, que de nuestra historia -no sólo chilena- sino que Latinoamericana, como base de lo que somos en la actualidad.

El Estado no debiera permitir que el valor comercial de los libros presuponga la culturización de una “elite social”, los mismos que luego lucran con la cultura y toman decisiones sin siquiera pensar en el mundo popular, tanto o más rico culturalmente, que cualquier familia de mayores recursos.

No es posible, por ejemplo, que en Chile existan gigantes multinacionales que concentren la mayor parte de los medios de comunicación –quienes son parte importante de la construcción de realidad de un país, y por ende, portadores y difusores de cultura- como está sucediendo hoy con la venta de todas las radios de Ibero American Radio Chile, al enorme Grupo Prisa[4].

Es una vergüenza que, cerca de 12 radios chilenas, estén en manos de un conglomerado extranjero que no considera las necesidades culturales del país, y que sólo busca aumentar sus ganancias.

Y para qué hablar de la radiodifusión comunitaria. Hace algunos meses se envió al Senado un proyecto de ley que busca ampliar la libertad de expresión de manera que, en los espacios comunitarios y locales, los ciudadanos ejerzan la libertad de emitir opinión y la de informar por medio de la radiodifusión, además de crear identidad cultural local y regional[5]. Sin embargo, el proyecto de ley está en la Cámara de Diputados como un proyecto sin urgencia, es decir que –en el fondo- a los diputados poco les importa legislar sobre el tema, pues deben velar por cuestiones mucho más “importantes” para nuestro país, como los asuntos de Hacienda y Economía, siempre primeros en la agenda.

¿Es legítimo que el Estado tenga políticas culturales?

Parte I

En la construcción de una sociedad justa y equitativa, que implica hacerse cargo de la multidimensionalidad de los seres humanos, en donde el derecho a la cultura y la libertad de expresión no estén limitados por la dinámica del mercado, es necesario entender -en primer lugar- de qué hablamos cuando hablamos de cultura.

Antropológicamente, la concepción de cultura abarca un amplio universo de actividades, comportamientos y creencias adquiridas por el ser humano –como ser social- durante las etapas iniciales de aprendizaje. Podemos hablar de los procesos evolutivos del ser humano como especie, en cuanto al proceso de conocimiento del mundo, la adquisición de un pensamiento simbólico y finalmente de un amplio aparato lingüístico, el cual posibilitó el aprendizaje generacional de la cultura, como elemento distintivo y esencial del único animal conciente. Podemos hablar del hombre creador de cultura, y creado por la cultura, como una relación dinámica, indisoluble y eterna.

Nacemos como seres humanos en un mundo que a través del tiempo -y sus cambios- logra hacerse objetivo a partir de la unión de diversos acontecimientos aparentemente aislados, pero que buscan un mismo origen (una fuente) que identifique y relacione al ser y su entorno. La reunión, entendimiento e interpretación de estas cosas, crea una base cultural que se recrea constantemente, debido estas relaciones dinámicas, y siempre cambiantes. Este proceso dual nos hace ser hombres y nos entrega las bases para construir el sentido de la vida, una realidad que nos une y nos hace iguales -y a la vez- nos individualiza y nos hace distintos.

Entendiendo la cultura como base del ser humano, el cual posee la capacidad de organizarse en su entorno y territorio específico, surge el concepto de Nación y Estado. Nación, como arma ideológica para protegerse de las culturas dominantes- las cuales suponían la inferioridad de las poblaciones y las culturas dominadas- y a través de la cual se obtenía identidad nacional como identidad cultural integradora, basada en una continuidad biológica de relaciones de sangre, una continuidad espacial de territorio y una continuidad lingüística[1]; y el concepto de Estado, aparato encargado de velar por el orden y protección de la ciudadanía.